El derecho a la vida

Por desgracia una vez más tenemos que volver a hablar del aborto, que con palabras durísimas del Concilio Vaticano II es un «crimen abominable». No conocemos aún el anteproyecto de ley del Gobierno; pero si conocemos su determinación y la de los partidos que le apoyan, secundados por los medios de comunicación afines, a ampliar la despenalización del aborto, e incluso su voluntad de eliminarlo como delito del Código penal. La propaganda se ha puesto en marcha con todos los medios a su mano. Se camufla el lenguaje para minar las conciencias y hacerlo socialmente aceptable: se habla de ‘interrupción voluntaria del embarazo’, para ocultar que en realidad se trata de eliminar a un ser humano. Se habla incluso de un inventado ‘derecho de la mujer al aborto’, al que se pone por encima del derecho fundamental y básico a la vida de todo ser humano, desde su concepción hasta su muerte natural: es la ley del más fuerte ante el ser humano indefenso e inocente.

Por más que se diga otra cosa o se nos descalifique, una vez más, tenemos que afirmar que el aborto provocado es en sí mismo una acción gravemente inmoral. Aunque la ley lo permita, aunque una mayoría parlamentaria decida lo contrario, abortar es moralmente ilícito, pues supone siempre la eliminación de una vida humana y la destrucción del propio hijo: el aborto es eliminar violentamente una vida humana, inocente e indefensa.

Cuando acabamos de celebrar el 60º Aniversario de la Declaración de los Derechos Humanos, hay que recordar que el derecho a la vida es el más fundamental de todos los derechos humanos. Es una ironía hablar de la dignidad del hombre, de sus derechos fundamentales, si no se protege a un inocente o se llega incluso a facilitar los medios o servicios, privados o públicos, para destruir vidas humanas indefensas. Los derechos humanos están por encima de la política y de los Estados. Ningún Estado está legitimado para suprimirlos, sino que está obligado a reconocerlos y garantizarlos con leyes justas.

Ninguna minoría ni mayoría política puede cambiar ni vaciar de contenido los derechos de quienes son más vulnerables en nuestra sociedad o los derechos inherentes a toda persona humana. Al contrario: La protección jurídica de los derechos fundamentales debe ser una prioridad para todo Estado; es una exigencia de la justicia, la razón de ser, origen, medida y fin de toda política. Como nos ha recordado Benedicto XVI no puede existir un orden social o estatal justo si no respeta la justicia, y la justicia sólo puede alcanzarse con un previo respeto a los derechos humanos y a la dignidad natural de todo ser humano, con independencia de la fase de la vida en que se encuentre.

El respeto a la vida de un ser humano inocente ha de ser norma de comportamiento privado o público para todos los hombres y mujeres que quieran vivir éticamente, para construir una sociedad justa y favorecer el progreso de la humanidad. «Nunca se puede legitimar la muerte de un inocente. Se minaría el mismo fundamento de la sociedad». (Juan Pablo II).

En bien de toda vida humana, en bien de nuestra misma sociedad, unámonos todos al «Año de oración por la Vida» de la Conferencia Episcopal y favorezcamos con todos los medios a nuestro alcance la cultura de la vida.

Con mi afecto y bendición,

+ Casimiro López Llorente
Obispo de Segorbe-Castellón